La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación sobre los contratos de la Exaltación de las Falleras Mayores de València de 2024, a raíz de la denuncia presentada por Compromís contra la gestión del gobierno municipal que preside María José Catalá. Las sospechas apuntan a las decisiones adoptadas por el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, en las horas previas a los actos de exaltación.

La denuncia distingue dos bloques. El primero, los servicios técnicos de sonido, luz y grabación: según Compromís, en la Exaltación de 2019 —celebrada en el Palau de la Música— estos servicios se licitaron juntos y con concurrencia pública, mientras que en 2024 Ballester los habría fraccionado en varios contratos menores, cada uno justo por debajo del límite que obliga a sacarlos a concurso abierto. La formación añade que las empresas invitadas dispusieron de menos de 48 horas para presentar ofertas, cuando las normas municipales exigen un mínimo de siete días, y que algunas fecharon sus presupuestos dos días antes de que la JCF les pidiera oferta. «O son adivinos, o alguien ya sabía quién tenía que ganar», ironizó el concejal de Compromís Pere Fuset.

El segundo bloque afecta a los contratos artísticos, en especial el musical 'Cineman Sinfónico', adjudicado —siempre según la denuncia— como contrato privado por razones artísticas, sin concurrencia, horas antes del acto y por un importe más de seis veces superior al espectáculo del año anterior. Fuset recordó que el gobierno municipal «confió aquel año en una big band de Madrid» que acompañó al cantante Daniel Diges. La denuncia apunta también a una posible coordinación técnica del acto sin expediente conocido: la JCF habría asegurado por escrito que no existía contrato de coordinación, pero las imágenes de los ensayos muestran a profesionales de una empresa externa dirigiendo el acto sobre el escenario.

Compromís recuerda que el Ayuntamiento está obligado por ley a colaborar con Antifraude y a aportar toda la documentación requerida. «El PP no puede convertir la Junta Central Fallera en un agujero negro para el dinero público», remarcó Fuset, que pidió explicaciones a Ballester y a Catalá. La formación asegura que continúa recabando información sobre otras posibles irregularidades, entre ellas la elección de candidatas a Falleras Mayores de 2027, cuyo coste cifra en más de 418.000 euros. De momento, no consta una respuesta oficial del gobierno municipal sobre el fondo de las acusaciones; la apertura de la investigación no implica que las irregularidades estén acreditadas.

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